La Federal realizó un procedimiento en la fundación de la esposa de Adolfo Rodríguez Saá
La entidad que preside Gisela Vartalitis está siendo investigada por haber recibido un subsidio de $80 millones de parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá en la previa de la campaña electoral de 2017. Secuestraron el libro contable.
La Fundación Mujeres Puntanas recibió el aporte un mes y medio, antes de las elecciones de 2017, mediante un trámite exprés. Ese año, los hermanos Rodríguez Saá fueron candidatos a senador Nacional titular y suplente por Unidad Justicialista.
En medio de esa investigación, de la cual no se sabía nada hasta entonces, el juzgado Federal a cargo de Juan Esteban Maqueda ordenó la medida que se concretó este miércoles por la mañana en el edificio de la entidad, ubicado en la intersección de las calles Riobamba y La Pampa.
Puntualmente, la orden que tenían los efectivos de la Policía Federal era llevarse un libro contable “que se usa para las anotaciones diarias”.
Fuentes oficiales informaron a elchorrillero.com que el operativo no requirió de un gran despliegue policial "ni ejercer la fuerza pública" porque el elemento que requerían fue entregado “de forma voluntaria” por parte del personal que trabaja en el lugar.
Los federales hicieron una constancia para retirarlo y después dejaron el libro en poder de la Justicia Federal.
La orden que tenían los efectivos de la Policía Federal era llevarse un libro contable “que se usa para las anotaciones diarias”.
Este medio intentó hablar con el fiscal Cristian Rachid esta mañana en su despacho, pero transmitió que no daría ninguna información hasta el martes de la próxima semana.
Recién a partir de ese momento se podrían conocer detalles oficiales de cómo marcha la investigación de uno de los casos más escandalosos que involucró a los hermanos Rodríguez Saá en los últimos dos años.
El 2 de octubre de 2017, un grupo de diputados de Avanzar y Cambiemos (actualmente Frente San Luis Unido) denunciaron en la Justicia Federal al gobernador Alberto Rodríguez Saá, al vicegobernador, Carlos Ponce; a los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; al contador General, Daniel Marone; a Adolfo Rodríguez Saá y a Vartalitis por la posible “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, violación de deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial".
La orden que tenían los efectivos de la Policía Federal era llevarse un libro contable “que se usa para las anotaciones diarias”.
Por el momento, la Corte Suprema debe expedirse sobre el incidente de competencia entre la Justicia Federal y la de San Luis.
Tres meses atrás, Rachid explicó en declaraciones a este medio que la investigación había centrado su curso en la ruta del dinero que salió de las arcas de la Provincia a la fundación.
Lo que se intenta determinar es qué se hizo con esos fondos y “la vinculación que tiene con el supuesto financiamiento de desvío para la campaña electoral”.
El aporte de los $80 millones se habría destinado para financiar la campaña del senador Rodríguez Saá y a la compra de electrodomésticos que después se repartieron con fines proselitistas.